La Administración de Donald J. Trump propuso elevar a 18.000 dólares una multa aplicada a determinados inmigrantes que recibieron una orden de deportación en ausencia, permanecieron en Estados Unidos y luego fueron arrestados por ICE.
La iniciativa fue publicada el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal y busca aumentar la presión económica sobre quienes incumplen procesos migratorios. Los comentarios públicos estarán abiertos hasta el 22 de junio de 2026.
Sanciones a inmigrantes con deportación en ausencia
La propuesta apunta a extranjeros que no comparecieron ante un juez de inmigración y terminaron con una orden de expulsión dictada sin su presencia. En esos casos, si la persona no abandona el país y después es detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, podría enfrentar una sanción mucho más alta.
El monto vigente es de 5.130 dólares. La Casa Blanca pretende llevarlo a 18.000 dólares, una cifra que el DHS considera más cercana a los gastos asumidos por ICE para identificar, localizar, detener, procesar y expulsar a una persona con orden final de deportación. Según el documento oficial, el costo promedio de esas operaciones rondó los 18.040 dólares en 2025.
“El costo de identificar, detener, procesar y expulsar a un extranjero con orden de expulsión en ausencia requiere una consideración más amplia”, sostiene la explicación oficial.
ICE defiende el aumento por los costos de las detenciones
El DHS argumenta que la tarifa actual no cubre los recursos movilizados por las autoridades migratorias. La agencia incluye dentro de esos gastos el trabajo operativo, el transporte, la capacitación, los vehículos y el personal de apoyo.
ICE comenzó a aplicar esta multa en septiembre de 2025, cuando entró en vigor una sanción mínima de 5.000 dólares. Luego, el monto subió a 5.130 dólares por ajuste inflacionario. Ahora, la administración Trump plantea que esa cantidad resulta insuficiente frente al incremento de órdenes de deportación emitidas en ausencia.
La norma propuesta también prevé ajustes anuales por inflación. Además, el aviso de cobro informaría al inmigrante la fecha de la orden en ausencia, el arresto posterior y el monto exigido. El afectado tendría 30 días para disputar la notificación.
Preocupación entre migrantes cubanos y otras comunidades
La medida puede impactar a personas con procesos migratorios antiguos, incluidas familias cubanas que llegaron a Estados Unidos en los últimos años y enfrentan expedientes pendientes o decisiones dictadas por no presentarse a corte.
Abogados y organizaciones proinmigrantes advierten que muchas ausencias no responden a una intención de evadir la ley. En numerosos casos, los migrantes no reciben la notificación correcta, cambian de domicilio, desconocen el procedimiento o no cuentan con representación legal.
Por su parte, la Administración Trump sostiene que el endurecimiento busca reforzar el cumplimiento de las órdenes migratorias, esto mientras sus críticos consideran que la multa puede convertirse en una carga impagable para familias recién llegadas.
