La administración de Donald Trump planea nuevas restricciones para acceder a la residencia permanente (Green card) y asilo de todos los solicitantes que sean de países incluidos en la lista de travel ban.
Según un artículo del diario New York Times, este cambio se enmarca dentro del esfuerzo continuo del gobierno por reducir la inmigración legal, especialmente de naciones que, según las autoridades estadounidenses, carecen de procedimientos adecuados de control y verificación.
De acuerdo con documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidos por el citado medio, la nueva política tomaría en cuenta los “factores específicos del país” incluidos en la prohibición de viaje de Trump como elementos “negativos significativos” al revisar solicitudes de green cards, asilo y otros beneficios migratorios.
Este cambio es parte de la expansión del enfoque de la administración para frenar la inmigración proveniente de países que, según el gobierno estadounidense, presentan mayores riesgos de seguridad debido a deficiencias en los procesos de verificación de documentos.
La lista de países sujetos a la prohibición incluye 12 naciones: Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen. Además, se aplican restricciones parciales a ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Los ciudadanos de estos países no podrán ingresar permanentemente a Estados Unidos ni obtener ciertos tipos de visas.
El cambio también podría complicar la situación de aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de la implementación de la prohibición. Aquellos que ya están en el país enfrentan la posibilidad de ser rechazados al renovar sus visas o al solicitar otros beneficios migratorios, incluso si ya han sido aprobados en anteriores revisiones de seguridad. El impacto sobre los inmigrantes que ya han pasado por los rigurosos procesos de verificación plantea un dilema sobre la imparcialidad y la equidad del sistema migratorio estadounidense.
Además de los controles basados en la nacionalidad, los funcionarios de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) han ampliado el uso de la verificación de redes sociales y la revisión de actividades “anti-estadounidenses” de los solicitantes de green cards.
En el año fiscal 2025, USCIS realizó más de 12.000 revisiones de redes sociales, lo que sugiere un endurecimiento de los mecanismos de monitoreo para los inmigrantes, incluso aquellos que no provienen de los países bajo la prohibición.
Expertos en política migratoria anticipan que la implementación de esta nueva política enfrentará desafíos legales. Argumentan que discriminar a los inmigrantes basándose en su país de origen va en contra de los principios fundamentales de justicia e imparcialidad.
Según Sarah Pierce, analista política, este tipo de políticas predeterminan una discriminación que podría ser considerada ilegal, ya que afecta negativamente a quienes han cumplido con los requisitos de seguridad nacional y ya se encuentran en el país.
