La administración de Donald Trump ha firmado acuerdos con Uganda y Honduras para facilitar la deportación de migrantes que no son ciudadanos de esos países. Estos acuerdos son parte de un enfoque más estricto para controlar la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos.
Uganda aceptará a migrantes provenientes de África y Asia que hayan solicitado asilo en la frontera entre EEUU y México, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. Aunque no se especifica el número exacto de migrantes a recibir, el acuerdo establece que Uganda podrá aceptar deportados bajo estas condiciones.
Por otro lado, Honduras ha acordado recibir a varios cientos de deportados de países hispanohablantes, incluidos aquellos que viajan con niños, en un acuerdo que podría extenderse por dos años.
Según CBS News, son al menos una docena de países los que han aceptado o acordado aceptar deportados de otras nacionalidades desde que Trump volvió a la Casa Blanca, y las autoridades de Estados Unidos han estado cortejando “agresivamente” a otros gobiernos.
Entre los países con acuerdos firmados se encuentran Panamá, Costa Rica y Rwanda, mientras que las negociaciones continúan con naciones como España y Ecuador. La administración Trump ha impulsado esta política respaldada por una decisión favorable de la Corte Suprema de EEUU en junio.
A pesar de las críticas de grupos de derechos humanos y expertos internacionales, que advierten que esta política podría contravenir el derecho internacional, Trump ha continuado promoviendo la deportación como un componente clave de su agenda antiinmigración.
Según expertos, los acuerdos podrían poner en peligro a los migrantes deportados, especialmente si se les envía a países con condiciones políticas y de derechos humanos cuestionables.
Migrantes cubanos en EEUU enviados a terceros países
Enrique Arias Hierro y José Manuel Rodríguez Quiñones, ambos de nacionalidad cubana, con antecedentes penales que incluyen homicidio, asesinato, robo a mano armada, agresión con hurto y suplantación de identidad, fueron deportados a Sudán del Sur en mayo de 2025 como parte de un grupo de ocho migrantes con condenas por crímenes severos. Este grupo fue inicialmente retenido en una base militar en Yibuti antes de ser trasladado a Sudán del Sur.
Roberto Mosquera Del Peral, otro cubano con antecedentes criminales, fue deportado en julio a Esuatini (antiguo Suazilandia), en el sur de África, junto con otros inmigrantes de distintas nacionalidades con antecedentes penales.
