La administración de Donald Trump ha reactivado una de sus políticas migratorias más controversiales al proponer nuevas restricciones para la obtención de la residencia permanente (green card) en EEUU.
La propuesta, presentada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), busca otorgar a los funcionarios de inmigración mayor poder para denegar la residencia a quienes consideren que podrían ser una “carga pública” para las finanzas del país.
La propuesta se encuentra en fase de consulta pública y pretende derogar la regla de 2022 sobre la carga pública, que permitía negar la residencia a inmigrantes que pudieran requerir asistencia social para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda o atención médica. Esta medida se presenta como un intento de la Administración Trump por limitar el acceso de los inmigrantes a beneficios públicos y evitar que estos se conviertan en una carga para el sistema económico del país.
Un regreso a las políticas de 2019
Esta medida revive una regulación similar a la de 2019, que fue ampliamente criticada y que vetó a los inmigrantes que habían solicitado asistencia pública, incluidos programas como Medicaid y CHIP. La propuesta provocó una gran polémica, especialmente entre los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales se vieron forzados a abandonar los beneficios para evitar ser considerados una carga económica.
La administración de Joe Biden, que asumió el poder en 2021, relajó estas restricciones, pero ahora, con el retorno de Trump a la arena política, se busca aplicar nuevamente estos lineamientos, alegando que los beneficios públicos no deben servir de incentivo para la inmigración.
La propuesta de Trump ya ha generado una fuerte respuesta por parte de defensores de los derechos de los inmigrantes. Adriana Cadena, directora de Protecting Immigrant Families Coalition, calificó la medida como “peligrosa” y advirtió sobre sus posibles efectos devastadores en la salud y el bienestar económico de millones de personas en EE.UU.
Según Cadena, la confusión generada por esta propuesta podría disuadir a los inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses de solicitar la asistencia médica a la que tienen derecho según la ley federal.
Por otro lado, la presidenta de la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, Renee M. Willis, hizo un llamado al Congreso para rechazar esta medida, debido a los numerosos desafíos legales que enfrentaron regulaciones similares en el pasado. La medida también ha sido criticada por sus implicaciones en la salud pública y el bienestar social.
Según un análisis de la Kaiser Family Foundation (KFF), la implementación de las reglas de carga pública de 2019 podría haber provocado una disminución en la cobertura de entre 2 y 4,7 millones de personas inscritas en Medicaid y CHIP, incluidos muchos niños estadounidenses de padres indocumentados.
La nueva propuesta presentada no reactivaría la regla de carga pública de 2019, pero sí otorgaría más poder a los funcionarios del USCIS para determinar si un solicitante puede ser considerado una carga económica para el país. Aunque no se han especificado los programas que se considerarán como carga pública, el gobierno ha indicado que emitirá directrices adicionales en el futuro.
La medida se suma a otras restricciones impuestas por la Casa Blanca, como la prohibición de visas a inmigrantes con enfermedades crónicas. Estas políticas han desatado críticas de organizaciones y activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes, ya que las nuevas restricciones podrían dificultar aún más la situación de miles de personas que dependen de estos beneficios para subsistir.
