La administración de Donald Trump ha lanzado una campaña para reclutar más jueces de inmigración, los cuales, según un reciente cambio en la terminología, ahora se denominan oficialmente “jueces de deportación”.
La medida responde a la necesidad de aumentar la cantidad de funcionarios encargados de llevar a cabo la política de deportación masiva promovida por el presidente. Según declaraciones de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, el gobierno está buscando profesionales legales para unirse al sistema judicial de inmigración y restaurar la integridad y honor del mismo.
El anuncio ha sido respaldado por publicaciones en las redes sociales y en la página web del Departamento de Justicia, donde se invita a los abogados interesados a aplicar para convertirse en jueces de deportación y ser parte de la misión de “proteger la seguridad nacional y la seguridad pública”.
If you are a legal professional, the Trump Administration is calling on YOU to join @TheJusticeDept as a Deportation Judge to restore integrity and honor to our Nation’s Immigration Court system.
-Salary: $159,951 – $207,500
-70 Nationwide locations
-Potential for full-time… pic.twitter.com/7ad5mcgRIf— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) November 20, 2025
Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia, varios jueces de inmigración han sido destituidos, y ahora el Departamento de Justicia está realizando un esfuerzo visible para cubrir las vacantes en los tribunales de inmigración.
Los salarios ofrecidos para estas posiciones oscilan entre los 159.951 y 207.500 dólares anuales, con incentivos en ciudades como Nueva York, Boston y San Francisco. Esta contratación masiva también es respaldada por los fondos otorgados por el Big Beautiful Bill firmado en julio, que destinó miles de millones de dólares a la seguridad fronteriza y la revisión de casos de asilo.
El aumento de las decisiones sobre casos de asilo ha sido notable, con un pico de más de 12,000 casos mensuales en abril y mayo de 2025, frente a los 6,000-7,000 casos durante el mandato de Biden. Sin embargo, la tasa de concesión de asilo ha caído drásticamente. Según datos de la Universidad de Syracuse, la tasa de aprobación pasó del 38.2% en agosto de 2024 al 19.2% en agosto de 2025, reflejando un cambio abrupto en la política de asilo.
Este descenso ha sido consecuencia de varias decisiones políticas de la administración Trump, que ha priorizado la aceleración del procesamiento de casos, y ha implementado una alta rotación de jueces de inmigración, con 70 destituciones de jueces durante su mandato.
Durante el primer trimestre de 2025, la administración de Biden contrató a 18 nuevos jueces, pero la rotación de personal continúa siendo un desafío para el sistema judicial de inmigración, lo que ha creado un ambiente de incertidumbre para los solicitantes de asilo.
Las disparidades entre jueces también son notorias. En tribunales como el de San Francisco, la tasa de concesión de asilo varió entre un 97.1% y un 4.8%, mientras que en Nueva York la diferencia alcanzó casi 90 puntos porcentuales, con tasas de éxito de 92.4% a 2.6%. Esta discrecionalidad judicial ha generado críticas por la falta de uniformidad en las decisiones y ha intensificado las dudas sobre la justicia de los procedimientos en los tribunales de inmigración.
