El gobierno de Estados Unidos ha intensificado las medidas migratorias para hacer frente a las estadías prolongadas de extranjeros con visas vencidas, un problema que ha sido fuente de creciente preocupación dentro del país.
Según un comunicado oficial, bajo la dirección de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, varias agencias gubernamentales, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), tomarán medidas inmediatas para abordar este problema.
La nueva ofensiva responde a un incidente reciente en Boulder, Colorado, donde Mohammed Sabry Solima, un ciudadano egipcio que se encontraba en el país ilegalmente, atacó a varios estadounidenses. Solima había estado viviendo en Estados Unidos desde 2022, tras exceder el tiempo permitido por su visa.
At the direction of @Sec_Noem, USCIS, along with @CBP and @ICEgov, are thoroughly reviewing visa records to identify visa overstays, and crack down on illegal aliens hiding in the U.S. following the Boulder terrorist attack.https://t.co/5txp5OHCSn
— USCIS (@USCIS) June 4, 2025
La Secretaria Noem fue clara en su declaración: “Cualquiera que venga a Estados Unidos a promover violencia y terrorismo, lo encontraremos, lo deportaremos y lo procesaremos con todo el peso de la ley”.
Con la implementación de esta nueva política, se espera que aquellos que se encuentren en el país con visas vencidas enfrenten un proceso de deportación más expedito, como parte de un esfuerzo por frenar el crimen y proteger la seguridad nacional.
Según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, se revisarán exhaustivamente los registros de inmigración para identificar a los extranjeros en situación irregular y tomar las acciones necesarias.
El impacto de las “ciudades santuario” en la política migratoria
En una medida paralela, el gobierno de Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque contra las llamadas «ciudades santuario», aquellas jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.
Kristi Noem ha señalado que estas ciudades están poniendo en riesgo tanto a los ciudadanos estadounidenses como a los oficiales de inmigración al proteger a inmigrantes indocumentados.
Más de 500 ciudades en Estados Unidos figuran en una lista publicada por el Departamento de Seguridad Nacional que alega que estas comunidades no colaboran con ICE. A partir de esta nueva directiva, las ciudades santuario enfrentan el riesgo de perder fondos federales si no ajustan sus políticas migratorias para alinearse con las normativas federales.
De acuerdo con Noem, cada jurisdicción recibirá una notificación formal de su incumplimiento, acompañada de una advertencia sobre las repercusiones legales que puedan surgir.
Las políticas de las ciudades santuario incluyen prácticas como la prohibición de cumplir con solicitudes de detención migratoria sin una orden judicial y la limitación de la cooperación con ICE en el acceso a datos personales. Según la administración Trump, estas políticas deben modificarse para asegurar la correcta aplicación de las leyes migratorias federales.
