Estados Unidos amplió la lista de países cuyos ciudadanos pueden ser obligados a pagar una fianza de hasta 15.000 dólares para obtener visas de turismo y negocios B1/B2, una medida que desde el 2 de abril alcanzará a 12 nuevas naciones, entre ellas Nicaragua.
Para los cubanos, sin embargo, la disposición no es nueva: Cuba ya figura en ese programa desde el 21 de enero de 2026, según la actualización oficial publicada este 18 de marzo por el Departamento de Estado.
La política busca reducir las permanencias ilegales tras el vencimiento de la visa y trasladar parte de los costos de deportación a los propios solicitantes.
Qué cambia con la ampliación del programa de fianzas
Con la inclusión de Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, la lista sube a 50 países.
Washington sostiene que este sistema se aplica a ciudadanos considerados con mayor riesgo de exceder el tiempo permitido en territorio estadounidense con visas B1/B2.
El requisito se activa durante la entrevista consular y puede fijarse en 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, según decida el oficial a cargo.
El ciudadano cuya nacionalidad resulte afectada en la “lista negra” y sea elegible para una visa de turismo o negocios no obtiene el visado automáticamente por pagar la suma exigida. El propio Departamento de Estado aclara que la fianza no garantiza la emisión de la visa y que solo debe abonarse si el oficial consular así lo ordena.
Cómo funciona el depósito exigido por Washington
Además del pago, el solicitante debe presentar el formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional y aceptar las condiciones a través de la plataforma oficial Pay.gov.
El Gobierno de Estados Unidos advierte que no se deben usar sitios de terceros, y subraya que no se hace responsable por pagos realizados fuera de sus sistemas. La norma aplica sin importar el país donde se tramite la visa.
La fianza será devuelta únicamente si el viajero sale de Estados Unidos dentro del plazo autorizado, si nunca llega a entrar al país antes de que expire la visa o si se le niega la admisión en el puerto de entrada. En caso de incumplimiento, el dinero puede ser retenido y el expediente remitido a USCIS para determinar si hubo violación de las condiciones impuestas.
Otro punto clave es que quienes viajen bajo este esquema solo podrán entrar y salir por aeropuertos comerciales, incluidos los puntos de preinspección migratoria.
No podrán usar vuelos chárter, aviación general, puertos terrestres ni marítimos. Si lo hacen, podrían enfrentar problemas para registrar correctamente su salida o incluso una negativa de entrada.
El Departamento de Estado presenta la medida como una vía para contener los gastos públicos asociados a deportaciones. En el texto oficial, Washington señala que las tasas de permanencia ilegal se toman de los reportes de sobreestadía del Departamento de Seguridad Nacional. Además, asegura que el programa piloto ya mostró un alto nivel de cumplimiento entre quienes recibieron visas bajo esta modalidad.
