El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició recientemente procesos judiciales para retirar la ciudadanía a dos mujeres cubanas naturalizadas, acusadas de haber ocultado antecedentes delictivos durante sus trámites migratorios.
Las acciones legales están dirigidas contra Leidys Delmas García y Milagros Marileisis Acosta Torres, quienes podrían perder los derechos adquiridos como ciudadanas estadounidenses si los tribunales determinan que obtuvieron ese estatus mediante engaño.
Las autoridades federales sostienen que ambas mujeres presentaron información falsa u omitieron datos esenciales al solicitar la naturalización. En estos procedimientos, el gobierno busca demostrar que la ciudadanía no habría sido concedida si las solicitantes hubieran declarado sus vínculos con actividades criminales.
DOJ busca retirar la ciudadanía a dos cubanas
El caso de Delmas García, de 54 años, está relacionado con una condena previa en Florida por su participación en una red de fraude médico. Según la acusación, el esquema causó pérdidas por 36,7 millones de dólares a compañías aseguradoras.
Durante el proceso para convertirse en ciudadana estadounidense, Delmas García habría negado haber cometido delitos o participado en hechos que pudieran afectar su elegibilidad. Para el Departamento de Justicia, esa respuesta falsa incumplió los requisitos legales exigidos a quienes aspiran a la naturalización.
La ciudadanía en Estados Unidos puede ser revocada cuando el gobierno prueba que fue obtenida de manera ilegal o mediante ocultamiento de información relevante. Aunque se trata de un procedimiento civil, sus efectos pueden ser severos para la persona afectada.
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Acusaciones por fraude médico y financiero
El expediente contra Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, apunta a otra presunta omisión en su historial. Las autoridades la señalan por no haber informado su participación en una trama de fraude contra un casino tribal.
De acuerdo con la posición del gobierno federal, ese antecedente tenía relevancia directa para evaluar su solicitud migratoria. Al no declararlo, Acosta Torres habría recibido un beneficio al que no tenía derecho bajo las normas de inmigración.
Estos procesos reflejan el endurecimiento de las revisiones contra personas naturalizadas que, según las autoridades, ocultaron información penal. En el caso de cubanos residentes en Estados Unidos, la medida cobra especial importancia por sus posibles consecuencias migratorias, sobre todo para quienes llegaron al país buscando estabilidad fuera de la Isla.
Riesgo migratorio tras una posible desnaturalización
Si los tribunales fallan a favor del Departamento de Justicia, Delmas García y Acosta Torres dejarían de ser ciudadanas estadounidenses. La decisión anularía los derechos asociados a ese estatus, incluidos el pasaporte, la protección plena frente a deportación y otros beneficios legales.
La revocación de la ciudadanía también podría abrir nuevos procedimientos migratorios. Entre ellos figura una eventual expulsión del país, aunque cualquier decisión de ese tipo dependería de pasos posteriores ante las autoridades correspondientes.
Las acusadas deberán responder ante la justicia federal en las próximas semanas. El desenlace de ambos casos marcará el alcance de las acciones del gobierno estadounidense contra naturalizaciones concedidas bajo declaraciones consideradas falsas.
Para las autoridades, la transparencia en los trámites migratorios constituye una condición esencial. En procesos de ciudadanía, omitir antecedentes puede convertirse en una falta con consecuencias permanentes.
