El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró que varios gobiernos comenzaron a revisar, reducir o cancelar sus contratos de servicios médicos con La Habana tras la entrada en vigor, en febrero de 2026, de una legislación estadounidense que condiciona la ayuda exterior y permite sancionar a funcionarios vinculados con esas operaciones.
La disposición, incluida en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2026, restringe fondos destinados a países y organizaciones que continúen beneficiándose del envío de profesionales cubanos.
También ordena al secretario de Estado retirar visas a funcionarios involucrados en posibles prácticas de trata laboral. El presidente Donald Trump firmó el paquete presupuestario el 3 de febrero.
Estados Unidos apunta contra los pagos al régimen cubano
La normativa obliga al Departamento de Estado a identificar a los países y entidades que entregan dinero al Gobierno cubano por la contratación de personal sanitario. Según Díaz-Balart, las naciones que permanezcan durante dos años consecutivos en esa relación podrían perder la asistencia económica otorgada por Washington.
Los funcionarios extranjeros asociados con esos convenios también quedarían expuestos a restricciones migratorias y medidas financieras. Estas últimas podrían alcanzar propiedades, cuentas u otros activos bajo jurisdicción estadounidense, de acuerdo con la explicación ofrecida por el legislador.
Díaz-Balart sostuvo que las brigadas representan una importante fuente de divisas para la administración de Miguel Díaz-Canel. Sus estimaciones sitúan los ingresos anuales entre 4.000 y 8.000 millones de dólares. El Estado retendría entre el 75% y el 95% de las cantidades abonadas por los gobiernos receptores, mientras entrega una fracción a los trabajadores.
Médicos bajo vigilancia y con documentos retenidos
Washington ha documentado denuncias sobre confiscación de pasaportes, vigilancia, limitaciones de movimiento y amenazas contra familiares residentes en Cuba. El informe estadounidense sobre trata de personas de 2025 señaló la existencia de una política o patrón de trabajo forzoso dentro de los programas cubanos de exportación laboral, incluidas las misiones sanitarias.
Los profesionales enviados al exterior deben cumplir reglas impuestas por coordinadores oficiales. Quienes abandonan una misión sin autorización pueden recibir la prohibición de regresar a la Isla durante varios años, una sanción que los separa de hijos, padres y otros parientes.
Gobiernos comienzan a modificar sus acuerdos con La Habana
Díaz-Balart afirmó que Guatemala, Jamaica, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Paraguay y Honduras están reduciendo o eliminando la contratación de médicos procedentes de Cuba. Bahamas, por su parte, habría intentado modificar el mecanismo para pagar directamente a los profesionales, en lugar de transferir los fondos a entidades estatales cubanas.
La presión estadounidense amenaza uno de los principales negocios internacionales del régimen. Aunque La Habana presenta las brigadas como cooperación solidaria, el control de los salarios y las restricciones impuestas a los sanitarios han provocado acusaciones persistentes de explotación laboral.
