El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), encabezado por la secretaria Kristi Noem, recomendó al presidente Donald Trump endurecer y ampliar de forma sustancial la actual travel ban, pasando de 19 a entre 30 y 32 países con restricciones de viaje hacia Estados Unidos. La propuesta surge tras el tiroteo en Washington, DC, donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados y uno de ellos murió, episodio que la administración usa como prueba de fallos graves en los sistemas de admisión y control migratorio.
Actualmente, la lista de la travel ban incluye 19 países con restricciones totales o parciales para sus nacionales: Cuba, Venezuela, Haití, Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
I just met with the President.
I am recommending a full travel ban on every damn country that’s been flooding our nation with killers, leeches, and entitlement junkies.
Our forefathers built this nation on blood, sweat, and the unyielding love of freedom—not for foreign…
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 1, 2025
Para miles de cubanos que aún viajan con pasaporte de la isla o con familiares en estos países, cualquier ampliación o endurecimiento añade incertidumbre sobre futuras entradas, tránsitos y reunificaciones.
En un mensaje publicado en X tras reunirse con Trump, Noem afirmó que Estados Unidos no debe seguir siendo un “vertedero” de extranjeros sin filtrar que, según ella, consumen recursos públicos y ponen en riesgo la seguridad nacional.
Reclamó un “full travel ban” para “cada país” que, a su juicio, esté “inundando” el país con “asesinos” y “aprovechados”, y sostuvo que los fundadores de la nación no pensaron Estados Unidos como un estado de bienestar financiado por el contribuyente para inmigrantes del “tercer mundo”, sino como una nación construida con “sangre, sudor” y amor por la libertad.
La administración ha justificado históricamente estas listas alegando que algunos de los Estados incluidos tienen sistemas de documentación “deficientes” o se niegan a readmitir a sus ciudadanos deportados. Según una fuente citada, la recomendación actual es elevar la cifra de países afectados hasta 30–32, con la posibilidad de futuras ampliaciones. Todavía no se han revelado los nuevos países ni la fecha de un anuncio oficial, lo que mantiene en vilo a comunidades enteras pendientes de los próximos pasos.
We don’t complain about problems, we fix them.
Under the leadership of President Trump, DHS is taking on the incessant immigration fraud in Minnesota that has robbed billions of dollars from U.S. taxpayers.
We’re just getting started. pic.twitter.com/xzCtK9HD3p
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 2, 2025
El detonante político de este giro fue el caso de Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano sospechoso del ataque contra los guardias nacionales en Washington, DC. Lakanwal formó parte del grupo de unos 100.000 afganos admitidos en Estados Unidos en 2021 bajo la operación “Allies Welcome”, puesta en marcha durante la caótica retirada de Afganistán. Reasentado en el estado de Washington, obtuvo asilo en abril, lo que lo colocaba en el camino para solicitar la residencia permanente al cabo de 12 meses.
Críticos de ese programa recuerdan que el Congreso aprobó 6.300 millones de dólares para la reubicación de afganos y cuestionan cuál ha sido el “retorno” de esa inversión, en un contexto donde incidentes como el tiroteo se convierten en argumento político para cerrar aún más las puertas.
La preocupación se amplificó por otro incidente: un segundo ciudadano afgano, también llegado en 2021, fue detenido en Texas acusado de amenazar con volar un edificio. El ex “zar” de la frontera, Tom Homan, aseguró que esa “armada” de 100.000 afganos “no fue debidamente investigada”, reforzando la narrativa de fallos sistémicos en los filtros de seguridad aplicados por la administración de Joe Biden.
El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joe Edlow, anunció que reexaminará todas las green cards concedidas a personas procedentes de los 19 países actualmente bajo restricciones, lo que incluye a nacionales cubanos que lograron su residencia en ese contexto de vigilancia reforzada.
Un día después, Edlow informó de la suspensión temporal de todas las decisiones de asilo “hasta poder garantizar que todo extranjero sea investigado y examinado en la máxima medida posible”. Este frenazo impacta directamente a solicitantes de protección de países como Cuba y Venezuela, que enfrentan ahora un escenario de mayor incertidumbre jurídica.
