El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, planteó la posibilidad de retirar a los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los aeropuertos ubicados en ciudades consideradas “santuario”, una medida anunciada durante una entrevista con Fox News que podría afectar la operación de terminales como San Francisco y JFK, en Nueva York.
La propuesta surge como parte de la revisión que realiza el Departamento de Seguridad Nacional sobre el mantenimiento de servicios federales en jurisdicciones que limitan su cooperación con la política migratoria federal.
Mullin sostuvo que no tiene sentido que una ciudad reciba procesamiento aduanero para vuelos internacionales si, una vez que los viajeros salen del aeropuerto, sus autoridades locales no colaboran con la aplicación de las leyes migratorias.
Según explicó, el gobierno evalúa si esas jurisdicciones deben seguir contando con apoyo federal en sus terminales aéreas cuando mantienen políticas que, a juicio de la administración, obstaculizan esa cooperación.
La propuesta forma parte de la presión que la administración de Donald Trump mantiene sobre ciudades gobernadas por demócratas y catalogadas como “santuario”.
Mullin planteó que, si estas ciudades quieren seguir recibiendo vuelos internacionales, deberían actuar como aliadas del gobierno federal también fuera del aeropuerto. Su planteamiento abre un nuevo frente en la disputa entre Washington y varias autoridades locales por el alcance de las políticas migratorias.
🚨 HOLY CRAP! DHS Sec. Markwayne Mullin reveals sanctuary cities may lose CBP-CUSTOMS at airports until they comply
This would effectively BLOCK international travel there
DO IT! FAFO! pic.twitter.com/GtKbF9WCap
«Should sanctuary cities be processing Customs into their city? I’m…
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 6, 2026
De concretarse, la medida tendría consecuencias inmediatas sobre la operación aérea. Sin oficiales de CBP, los aeropuertos afectados no podrían procesar la entrada de pasajeros procedentes del extranjero.
Eso obligaría a desviar vuelos hacia otras terminales con capacidad de inspección migratoria y aduanera, con impacto sobre aerolíneas, viajeros y conexiones nacionales e internacionales.
El posible alcance económico va más allá de la operación aeroportuaria. Una alteración en la llegada de pasajeros internacionales implicaría cambios en cadenas de viaje, retrasos, costos adicionales para aerolíneas y afectaciones para sectores que dependen del flujo constante de visitantes.
Mullin acusó a los demócratas de bloquear recursos para agencias como ICE y la Patrulla Fronteriza, y afirmó que eso obligaría a su departamento a decidir dónde asignar personal y servicios.
Por ahora, la medida sigue en fase de evaluación, pero ya anticipa un conflicto con efectos potenciales sobre la política migratoria y el transporte aéreo internacional en Estados Unidos.
