El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en colaboración con las autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador, desarticuló una de las redes de fraude migratorio más grandes de los últimos años.
La operación, que resultó en la detención de 19 personas, entre ellas cinco acusadas formalmente en Florida, estaba enfocada en una estructura criminal transnacional que vendía visas de trabajo H-2B falsas a migrantes.
La red operaba desde hace cuatro años, estafando a miles de personas en más de 15 países. Los arrestos fueron realizados en diversas regiones, con ocho detenidos en Ecuador, donde se encontraba uno de los componentes locales del esquema ilícito. Los acusados enfrentan múltiples cargos, incluyendo asociación ilícita, fraude migratorio, lavado de dinero, suplantación de funcionarios y uso indebido de sellos oficiales.
La investigación reveló que la red movió al menos 2.5 millones de dólares, utilizando intermediarios en Estados Unidos y operadores en Medellín, Colombia, que actuaban como epicentro de la operación criminal.
El caso fue descubierto gracias a un agente encubierto que, en noviembre de 2024, inició contacto con la red a través de la página de Facebook “Visa Solutions Assist”. Durante su investigación, el agente proporcionó información personal y participó en un proceso simulado para obtener una visa H-2B, realizando pagos progresivos por giros internacionales. En menos de tres meses, el agente transfirió $1.750, lo que permitió a las autoridades obtener pruebas clave para desmantelar la red.
La estructura criminal operaba con una notable sofisticación. Los miembros de la red, denominados “asesores”, trabajaban desde call centers ilegales ubicados en Medellín. A través de llamadas, videollamadas y correos electrónicos, manipulaban a las víctimas, haciendo que creyeran que sus trámites eran legítimos.
Los falsos funcionarios consulares realizaban entrevistas simuladas, entregaban números de casos falsificados y enviaban documentos con sellos clonados de agencias estadounidenses, como USCIS y el Departamento de Estado.
Además, los delincuentes crearon sitios web fraudulentos que replicaban portales oficiales del gobierno de EEUU, como ucsisworld.us e inmigrantesusa.org, para engañar visualmente a los migrantes. También utilizaban cartas laborales adulteradas y extractos bancarios falsificados para convencer a las víctimas de que sus trámites estaban avanzando correctamente.
El fraude llegaba a su clímax cuando las víctimas acudían a las embajadas de EEUU en sus países de origen para citas que nunca fueron programadas. Muchos de estos migrantes viajaron a EEUU con documentos falsificados, pero fueron deportados inmediatamente al llegar frente a los agentes de CBP.
Otro componente clave del esquema fue el lavado de dinero. La red utilizaba proveedores en EEUU que recibían los pagos a través de Western Union y cuentas bancarias personales. Posteriormente, el dinero era redistribuido a Colombia mediante servicios como Dolex. Los proveedores cobraban tarifas fijas por cada operación, y los líderes de la red distribuían los fondos de manera codificada.
En Ecuador, los detenidos desempeñaban diversas funciones dentro de la red, como captación de víctimas, recepción de pagos y soporte logístico. Algunos actuaban como testaferros, prestando sus cuentas bancarias para recibir los depósitos, que luego eran enviados al exterior. Se cobraban hasta USD 25.000 por persona, bajo la excusa de seguros obligatorios o contratos de inversión falsos.
Las autoridades estadounidenses han entrevistado a más de 700 víctimas y estiman que más de 7.000 personas fueron estafadas.
