Los tribunales federales de Estados Unidos registraron en marzo de 2026 un récord de 9,911 demandas civiles vinculadas a asuntos migratorios, según datos analizados por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
El aumento, reportado en cortes federales del país, respondió principalmente al alza de recursos legales contra detenciones y deportaciones ejecutadas por el gobierno federal, en medio de una ofensiva migratoria de la administración Trump.
La cifra de marzo representó un incremento de 9.2% frente a febrero de 2026, cuando se contabilizaron 9,077 demandas. En el último año, el total de casos federales clasificados como litigios de inmigración llegó a 41,887.
La mayoría de estas acciones judiciales impugnaron medidas oficiales, lo que refleja una creciente presión sobre el sistema judicial en materia migratoria.
El crecimiento resulta inusual si se compara con los niveles registrados en años anteriores. De acuerdo con la serie de los últimos cinco años, el promedio móvil de seis meses de demandas civiles migratorias aumentó 1,278% respecto a marzo de 2021.
Ese salto muestra una transformación drástica del volumen de litigios en un área sensible para miles de inmigrantes en Estados Unidos.
Aunque varias categorías de casos se mantuvieron relativamente estables, dos concentraron el aumento más visible: las demandas de naturalización y, sobre todo, los recursos de habeas corpus.
Estos últimos pasaron de 105 en marzo de 2025 a 9,059 en marzo de 2026, un incremento superior a 86 veces. En el mismo periodo, los casos de naturalización subieron de 33 a 60.
Las demandas clasificadas como “otros” litigios migratorios apenas variaron, al pasar de 807 a 792. Ese contraste indica que el récord no responde a un crecimiento uniforme de todos los procesos, sino a una expansión específica de acciones legales relacionadas con detenciones, custodia y deportaciones rápidas.
TRAC atribuye el salto de las demandas de habeas corpus a las acciones de la administración Trump para arrestar, detener y deportar rápidamente a miles de inmigrantes. Este recurso permite que una persona detenida solicite a un juez revisar su caso y obligue al gobierno a explicar bajo qué autoridad la mantiene bajo custodia.
El derecho al habeas corpus está protegido en el Artículo 1, Sección 9 de la Constitución de Estados Unidos. Su función histórica ha sido servir como una garantía contra encarcelamientos arbitrarios.
En el contexto migratorio actual, abogados defensores de inmigrantes lo han utilizado como una vía para frenar o cuestionar decisiones aceleradas de ICE.
Durante el último año, organizaciones y abogados migratorios impulsaron campañas para presentar estos recursos ante cortes federales. Según el reporte, las estadísticas disponibles no muestran otro periodo con un volumen similar de demandas de habeas corpus vinculadas a inmigración, lo que evidencia la magnitud del conflicto judicial.
Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, 82 de los 90 distritos judiciales federales registraron demandas de habeas corpus. Diez distritos superaron los 1,000 casos.
El Distrito Oeste de Texas, con sede en San Antonio, encabezó la lista con 3,448 demandas. Le siguieron el Distrito Este de California, en Sacramento, con 2,797, y el Distrito Sur de Texas, en Houston, con 2,305.
Otros territorios con altos volúmenes fueron el Distrito Sur de California, en San Diego, con 1,740 casos; el Distrito Central de California, en Los Ángeles, con 1,370; Minnesota, con 1,200; el Distrito Medio de Florida, en Tampa, con 1,196; Arizona, con 1,104; el Oeste de Michigan, con 1,084; y Nueva Jersey, con 1,010.
Al ajustar los datos por población, el Distrito Sur de California ocupó el primer lugar, con casi 500 demandas por millón de habitantes.
Le siguieron el Oeste de Texas, el Oeste de Luisiana, Nuevo México y el Distrito Medio de Georgia. Esta medición muestra que algunos territorios menos poblados enfrentaron una presión judicial proporcionalmente muy alta.
Para las comunidades inmigrantes, incluidas muchas familias cubanas pendientes de procesos legales en Estados Unidos, el aumento de estos litigios confirma un escenario de mayor incertidumbre.
Las cortes federales se han convertido en un campo decisivo para disputar detenciones y deportaciones, mientras el gobierno endurece su actuación migratoria y los abogados recurren a mecanismos constitucionales para exigir revisión judicial.
