La audiencia federal sobre la demanda colectiva presentada por cubanos liberados en Estados Unidos bajo formularios I-220A fue pospuesta por segunda vez y quedó fijada para el próximo 10 de septiembre de 2026 en Miami.
La jueza Jacqueline Becerra, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, reprogramó la vista para las 8:30 de la mañana en el tribunal Wilkie D. Ferguson Jr., donde ambas partes expondrán sus argumentos sobre el futuro del proceso.
La audiencia había sido convocada originalmente para el 26 de agosto. Después fue trasladada al 2 de septiembre y finalmente volvió a cambiar de fecha. El expediente judicial no explicó públicamente los motivos de las modificaciones.
Gobierno federal pide cerrar la demanda presentada por cubanos
La cita judicial analizará la solicitud del Gobierno de Estados Unidos para desestimar la primera demanda colectiva enmendada y la petición de hábeas corpus presentada por los afectados.
El caso, conocido como Bello-Rubio contra el Departamento de Seguridad Nacional, representa a cerca de 1.000 cubanos que recibieron una I-220A después de ser detenidos, procesados y liberados por autoridades migratorias estadounidenses.
Los demandantes buscan que el tribunal reconozca que las condiciones de su ingreso al país y posterior liberación tuvieron efectos equivalentes al parole migratorio. De obtener una decisión favorable, algunos cubanos podrían tener una vía para solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano, siempre que cumplan con los demás requisitos legales.
La posición del Gobierno federal es diferente. Las autoridades sostienen que la I-220A no representa un permiso de entrada bajo parole y cuestionan tanto la autoridad del tribunal para revisar el caso como la base jurídica utilizada por los demandantes.
Tribunal deberá definir el futuro del proceso colectivo
Durante la audiencia, la jueza escuchará los argumentos de ambas partes antes de decidir si el proceso continúa o si acepta la solicitud presentada por el Gobierno.
El tribunal podría rechazar la petición de desestimación y permitir que la demanda avance. También podría aceptar el planteamiento oficial, limitar algunos reclamos o establecer condiciones para la continuidad del caso.
Incluso si la demanda mantiene su condición colectiva, una eventual victoria judicial no implicaría que todos los cubanos con I-220A recibirían automáticamente un beneficio migratorio. La decisión dependería de cómo se defina el grupo afectado y de los argumentos que finalmente sean aceptados por la corte.
La controversia surge por la diferencia entre la interpretación de los migrantes y la postura mantenida por las autoridades migratorias. La Junta de Apelaciones de Inmigración ha señalado previamente que una liberación mediante formulario I-220A no equivale al parole exigido para acceder a determinados beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano.
La demanda federal intenta cambiar esa interpretación y busca que el tribunal determine si el tratamiento recibido por miles de cubanos tras su llegada a Estados Unidos tuvo consecuencias legales distintas a las reconocidas hasta ahora por las autoridades.
