Los inmigrantes cubanos que ingresaron a Estados Unidos bajo programas de parole, incluidos quienes utilizaron la antigua plataforma CBP One, enfrentan nuevas dificultades después de una decisión judicial federal que comenzó a modificar los procesos en las cortes migratorias.
El fallo emitido en Texas ya tiene efectos en tribunales de Miami, donde algunos jueces rechazan solicitudes que antes permitían suspender o cerrar temporalmente expedientes.
La resolución anuló una regulación aprobada durante la administración de Joe Biden que ampliaba las facultades de los jueces de inmigración y de la Junta de Apelaciones de Inmigración para detener procedimientos mientras los extranjeros resolvían otros trámites migratorios.
La decisión tiene alcance nacional y no está limitada a Texas. Un juez de inmigración en Miami ya habría aplicado el nuevo criterio para negar una petición de cierre o terminación de un caso, una señal de que el cambio comenzó a afectar a inmigrantes en el sur de Florida.
La corte eliminó una herramienta utilizada por abogados migratorios
El fallo fue emitido el 22 de junio de 2026 por el juez federal Reed O’Connor dentro del proceso State of Texas v. United States Department of Justice. La sentencia dejó sin efecto la norma conocida como Efficient Case and Docket Management in Immigration Proceedings, aprobada en 2024.
El tribunal determinó que el Departamento de Justicia actuó fuera de sus competencias y estableció que los jueces migratorios no cuentan con autoridad para mantener casos suspendidos de manera indefinida sin una resolución definitiva.
Antes de esta decisión, el cierre administrativo permitía retirar temporalmente un expediente del calendario judicial mientras una persona esperaba otro beneficio, como una petición familiar, una visa humanitaria o una solicitud de residencia ante USCIS.
La terminación del caso era una medida distinta porque finalizaba el proceso ante el juez, aunque el Gobierno podía presentar nuevamente un procedimiento si encontraba bases legales para hacerlo.
Los cubanos que llegaron con CBP One podrían tener más obstáculos
El abogado de inmigración Ismael Labrador explicó que la resolución afecta especialmente a quienes fueron admitidos con parole y todavía tienen procesos abiertos en una corte migratoria.
Entre los posibles afectados están cubanos que utilizaron CBP One para conseguir una cita en la frontera, recibieron permisos temporales de 60 días o un año, o ingresaron mediante otros mecanismos de autorización humanitaria.
En varios casos, los abogados solicitaban cerrar los expedientes judiciales para que sus clientes pudieran continuar gestiones ante USCIS, incluyendo trámites relacionados con la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, la eliminación de la norma de 2024 no implica que todos los cubanos con parole serán deportados ni que quienes entraron mediante CBP One perderán automáticamente sus opciones legales. La medida elimina una vía procesal que facilitaba avanzar ciertos casos fuera de los tribunales.
Expertos piden revisar cada expediente migratorio
CBP One fue una plataforma creada para solicitar citas en puntos fronterizos, pero la aplicación no definía por sí sola el estatus migratorio de cada persona. Factores como el tipo de parole recibido, la duración del permiso, los documentos presentados y las órdenes de comparecencia determinan la situación individual.
La sentencia tampoco ordena reabrir todos los casos que fueron cerrados anteriormente. El Departamento de Seguridad Nacional podría solicitar la reactivación de algunos expedientes y las cortes podrían emitir nuevas citaciones según cada situación.
Abogados recomiendan que los inmigrantes revisen sus procesos en el sistema EOIR, mantengan actualizada su dirección ante las autoridades y conserven todos los documentos relacionados con su entrada al país.
Aunque el fallo reduce una herramienta utilizada en procesos migratorios, cada caso deberá analizarse de forma independiente. Algunos inmigrantes todavía podrían contar con alternativas como ajustes de estatus, solicitudes ante USCIS, defensas legales u otros recursos establecidos por la ley.
