En una transmisión dedicada al “termómetro migratorio” de 2026, el periodista Mario Pentón y el abogado de inmigración Ismael Labrador analizaron la situación que enfrentan hoy miles de cubanos en Estados Unidos, marcada por la pausa en trámites migratorios, la incertidumbre sobre los casos con I-220A, el futuro de beneficiarios de parole y CBP One, y el endurecimiento de las cortes.
Ambos coincidieron en que el sistema atraviesa una etapa de mayor presión, con menos margen para errores y con más personas atrapadas en procesos que no avanzan.
Labrador explicó que la llamada “pausa” no golpea solo a quienes esperan la residencia por ajuste. También alcanza a personas pendientes de entrevistas de asilo, trámites de ciudadanía y otros beneficios migratorios.
Frente a ese escenario, recomendó revisar cada expediente de manera individual para determinar si existe base legal para demandar al gobierno y obligarlo a tomar medidas, aunque aclaró que la administración se escuda en argumentos de seguridad nacional para justificar las demoras.
El abogado sostuvo que, pese a ese argumento oficial, hay procedimientos que el gobierno habría dejado de seguir, lo que abre espacio para litigios como los mandamus. Sin embargo, insistió en que estos procesos no ofrecen soluciones inmediatas.
Su mensaje fue de cautela: la política migratoria cambia con rapidez y termina condicionando el ritmo de todo el sistema. Para miles de cubanos que hoy viven pendientes de una respuesta, eso significa convivir con una incertidumbre prolongada.
Otro de los puntos abordados fue el temor que existe entre migrantes por las mociones de pretermisión y por decisiones que, en meses recientes, la comunidad ha asociado con expulsiones aceleradas hacia terceros países.
Labrador señaló que en las últimas semanas se ha observado una disminución de esas mociones, pero subrayó que no existe una explicación oficial, ni memorandos claros, ni directrices públicas del gobierno o de las cortes sobre ese cambio de conducta.
A juicio del abogado, esa falta de reglas transparentes podría incluso servir de base para futuras demandas federales.
Su recomendación para quienes ya hayan sido alcanzados por una de estas mociones es responder formalmente, aunque el panorama parezca adverso, para dejar constancia de los argumentos y apelar después.
Según planteó, muchas de esas apelaciones podrían tener opciones reales de prosperar, sobre todo si se demuestra que las decisiones fueron aplicadas sin una guía uniforme.
La conversación dedicó especial atención a los cubanos con I-220A, uno de los grupos que más incertidumbre arrastra desde hace años. Pentón describió el caso de personas que ya trabajan, aportan y han rehecho su vida en Estados Unidos, pero siguen viviendo con el temor de ser enviadas de vuelta a Cuba.
Labrador fue pesimista sobre una salida política en el corto plazo y afirmó que ni los políticos ni los legisladores han mostrado una verdadera voluntad de conceder un parole a este grupo, algo que, en su criterio, queda demostrado por la falta de acción en los últimos años.
Ante ese vacío, el abogado dijo que la principal esperanza de los I-220A sigue estando en las cortes. Mientras tanto, recomendó “ganar tiempo”: no faltar a audiencias, mantener la documentación en orden y reforzar cuanto antes las solicitudes de asilo mal preparadas.
Alertó que algunos jueces están desestimando casos con rapidez y que ya no basta con alegar de forma general miedo a regresar a Cuba. Según explicó, el expediente debe construirse con hechos concretos de persecución política, religiosa, étnica u otra causa reconocida por la ley.
Pentón y Labrador también abordaron la situación de quienes entraron con parole, incluidos beneficiarios de CBP One. Recordaron que, tras una decisión de la jueza Indira Talwani, algunas personas recuperaron la validez de su parole por el tiempo que todavía les quedaba vigente, lo que también restituyó de forma temporal sus permisos de trabajo.
No obstante, aclararon que ese alivio desaparece cuando el parole ya venció y que muchos afectados ni siquiera cuentan con un documento actualizado, como una I-94 corregida, para demostrar con facilidad ese restablecimiento de estatus.
La charla también incluyó referencias a los habeas corpus para detenidos, que en teoría deberían resolverse rápido, pero que en la práctica pueden tardar entre uno y tres meses o más.
Además, Labrador advirtió sobre los riesgos de viajar incluso dentro de Estados Unidos en el clima actual, y explicó que reclamaciones familiares para cubanos podrían terminar frustradas si al final del proceso persiste alguna restricción migratoria.
En conjunto, el mensaje final fue claro: revisar cada caso, corregir errores, responder a tiempo y no confiar en soluciones automáticas en un sistema cada vez más severo.
