El ciudadano cubano, Omar Ozuna-Berneda, de 49 años, fue sentenciado a 41 meses de prisión en Estados Unidos por conspirar para transportar inmigrantes de manera ilegal. La condena fue dictada tras un intento de fuga a alta velocidad y su posterior arresto en Nuevo México. Las autoridades del Departamento de Justicia de EEUU recalcaron que no existe libertad condicional para este tipo de delitos.
La detención ocurrió el 15 de julio de 2024, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron a Ozuna-Berneda conduciendo un camión en la carretera estatal 26, cerca de Deming. Su vehículo estaba vinculado con intentos previos de contrabando. Al intentar ser detenido, el conductor emprendió una persecución peligrosa, invadiendo el tráfico en sentido contrario y utilizando el arcén de la vía para evadir a los agentes.
Después de recorrer 22 millas, Ozuna-Berneda abandonó el camión en las inmediaciones de Hatch y huyó a pie. Los agentes descubrieron a 31 migrantes indocumentados dentro del tráiler, entre ellos un niño de 8 años que viajaba solo. El cubano fue encontrado oculto entre la maleza horas después.
Durante el interrogatorio, Ozuna-Berneda confesó haber transportado a los migrantes desde Las Cruces hasta Albuquerque a cambio de una remuneración. Su captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Patrulla Fronteriza, la Oficina del Sheriff del Condado de Doña Ana y la Oficina de Administración de Tierras.
El fiscal interino de EEUU, Holland S. Kastrin, subrayó el peligro que representan las redes de tráfico de personas. “Quienes violan nuestras leyes migratorias ponen en riesgo vidas y serán perseguidos con todo el peso de la ley”, afirmó.
El jefe interino de la Patrulla Fronteriza, Walter N. Slosar, advirtió sobre las severas consecuencias para quienes faciliten la inmigración ilegal. “Si intentas introducir personas de manera ilegal, serás procesado y enfrentarás prisión”, declaró. La política estadounidense busca reforzar la seguridad fronteriza y desmantelar redes de tráfico de personas.
El caso fue llevado ante la justicia por la fiscal adjunta Joni Autrey Stahl, con apoyo de la Patrulla Fronteriza y otras agencias de seguridad. La colaboración entre estas entidades permitió el éxito de la investigación y el enjuiciamiento del acusado.
Este tipo de operativos buscan frenar el tráfico de personas y proteger tanto a los migrantes como a la comunidad en general. La administración estadounidense mantiene su compromiso de reforzar la vigilancia en la frontera y sancionar a quienes atenten contra la seguridad nacional.
