La cubana Yaquelin Domínguez Nieves, de 25 años de edad, fue sentenciada a siete años y medio de prisión por un tribunal federal de Miami. En enero pasado se había declarado culpable por la muerte de 16 balseros cubanos en una operación de salida ilegal de Cuba con destino a EEUU.
Domínguez-Nieves, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022, organizó en complicidad con su novio un intento de contrabando de personas el 16 de noviembre de 2024.
Un total de 18 cubanos pagaron dinero por un viaje en barco, que partió de Playa Jaimanitas, al este de La Habana. Se suponía que la embarcación llegaría a salvo a las costas de la Florida, pero no contaba con las condiciones mínimas de seguridad y naufragó a aproximadamente 30 millas de la costa de Florida. Solo dos sobrevivieron. Entre los fallecidos había varios menores de edad, tres de sus cuerpos fueron recuperados en el condado de Monroe, Florida.
Según la fiscalía estadounidense, el barco utilizado para el contrabando estaba sobrecargado y no llevaba chalecos salvavidas. Según testimonios de dos sobrevivientes, el capitán del barco carecía de la experiencia necesaria para realizar el viaje, lo que contribuyó a la tragedia. Las víctimas pagaron más de 11.500 dólares a Domínguez-Nieves para llevar a sus familiares a territorio estadounidense, sin imaginar que este peligroso viaje acabaría en un desastre.
El juez del caso, Beth Bloom, impuso una sentencia superior a la sugerida por las pautas federales de sentencia, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. En su declaración, la fiscalía destacó el carácter homicida de la operación y su impacto en las vidas de las víctimas y sus familias. Sin embargo, fue una atenuante que la acusada se declarara culpable con antelación.
El caso fue investigado por el Servicio de Investigaciones de la Guardia Costera (CGIS) de la Oficina del Distrito Sureste, con el apoyo de otras agencias como la Guardia Costera de los Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza de EEUU, la Oficina del Forense del Condado de Monroe, y la Oficina del Sheriff del Condado de Highlands.
Este caso es parte de la Operación Take Back America, una iniciativa federal que utiliza los recursos del Departamento de Justicia para enfrentar la inmigración ilegal y desmantelar redes de criminales transnacionales.
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