El Gobierno de Estados Unidos inició una demanda civil contra Milagros Marileisis Acosta Torres, una cubana de 40 años residente en Miami, con el propósito de revocar la ciudadanía que obtuvo en 2015. Las autoridades sostienen que ocultó su participación en una red de lavado de dinero vinculada al robo de 5,3 millones de dólares de un casino de Miami-Dade. El proceso quedó en manos de un juez federal del Distrito Sur de Florida.
Según el Departamento de Justicia, Acosta Torres solicitó la naturalización mientras permanecía activa una conspiración contra el Miccosukee Resort & Gaming. El esquema habría operado desde enero de 2011 hasta octubre de 2018.
La demanda señala que la mujer proporcionó respuestas falsas tanto en el Formulario N-400 como durante la entrevista migratoria realizada bajo juramento. En esas ocasiones, negó haber cometido o colaborado en delitos por los que todavía no había sido arrestada.
Manipulación de tragamonedas y cobro de premios falsos
Los documentos judiciales describen una operación en la que empleados del casino y cómplices externos alteraban máquinas tragamonedas. El objetivo era producir comprobantes de crédito fraudulentos que luego se presentaban en las cajas como ganancias legítimas.
Entre los involucrados figuró Johander Jorrin Melhen, esposo de Acosta Torres y trabajador del establecimiento. Los fiscales afirmaron que utilizaba su acceso a los sistemas internos para crear saldos inexistentes.
La cubana habría intervenido en una etapa posterior. Su función consistía en recibir, trasladar y ocultar parte del dinero obtenido ilegalmente. Para esas operaciones empleó cuentas bancarias abiertas en JPMorgan Chase y Bank of America.
La fiscalía documentó numerosos depósitos divididos en cantidades inferiores a 10.000 dólares. Esa modalidad, conocida como estructuración, buscaba evitar los controles y reportes automáticos de las entidades financieras.
Acosta Torres depositó alrededor de 39.863 dólares en una cuenta y otros 16.830 dólares en una segunda. Al declararse culpable, admitió haber participado en el lavado de al menos 147.970 dólares.
Dinero utilizado para propiedades y vehículos
Parte de los fondos terminó destinada a la adquisición de una vivienda en Miami, tres automóviles y planes universitarios prepagados para los hijos de la pareja. El Gobierno federal sostiene que la acusada sabía que los recursos procedían de actividades delictivas.
Los cargos penales fueron presentados en julio de 2019. El 30 de enero de 2020, la mujer aceptó su responsabilidad por conspiración para cometer lavado de dinero.
Un tribunal la condenó a seis meses de cárcel, 36 meses de libertad supervisada y el pago de 147.970 dólares como restitución. Esa sentencia, sin embargo, no anuló automáticamente su nacionalidad estadounidense.
Cubana conserva su ciudadanía durante la demanda
Para conseguir la desnaturalización, los abogados del Gobierno deberán demostrar que Acosta Torres mintió de manera intencional y que la información omitida habría afectado la aprobación de su solicitud. También argumentan que no reunía el requisito legal de buena conducta moral.
Mientras no exista una sentencia definitiva, la mujer mantiene sus derechos como ciudadana. Podrá responder a las acusaciones, aportar evidencias y cuestionar la fecha en que comenzó su participación en la trama.
En caso de perder el proceso, tendría diez días para entregar su certificado de naturalización, el pasaporte estadounidense y otros documentos oficiales. La decisión no implicaría una deportación inmediata. Una posible expulsión requeriría otro procedimiento ante un tribunal de inmigración.
