La cúpula comunista cubana presentó ante la Asamblea Nacional un conjunto de reformas que permitiría la entrada de bancos privados, capital particular y negocios inmobiliarios en sectores hasta ahora controlados por el Estado.
El primer ministro expuso las propuestas, respaldadas por el Partido Comunista y Raúl Castro, como respuesta al deterioro económico de la Isla y a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Las iniciativas todavía requieren el correspondiente respaldo legislativo. Su aplicación supondría una modificación significativa del modelo económico que el castrismo ha defendido durante décadas, aunque sin anunciar cambios en el sistema político ni en el monopolio del poder.
Cuba estudia autorizar bancos privados
Uno de los puntos más relevantes plantea abrir el sistema financiero a entidades bancarias de propiedad privada. La medida rompería con el dominio casi absoluto que mantiene el Estado sobre los servicios bancarios, el crédito y las operaciones monetarias.
La propuesta no precisa qué empresarios podrían crear estas instituciones, cuáles serían los requisitos de capital ni qué organismo supervisaría sus actividades. Tampoco aclara si los cubanos residentes en el extranjero tendrían derecho a participar o invertir directamente.
Esa falta de detalles genera dudas sobre quiénes resultarían beneficiados. En Cuba, la ausencia de instituciones independientes y de transparencia impide verificar si la apertura favorecerá a emprendedores comunes o a personas vinculadas con la estructura gobernante.
Empresas estatales podrían convertirse en sociedades comerciales
El paquete también contempla transformar determinadas compañías estatales en sociedades mercantiles con acciones y participación de capital. Esta fórmula permitiría incorporar inversionistas y modificar la estructura de propiedad de empresas actualmente administradas por el Gobierno.
La dirigencia comunista propone, además, ampliar el espacio para los negocios privados y facilitar nuevas inversiones. Sin embargo, no ha explicado cómo garantizará la seguridad jurídica de los propietarios ni qué mecanismos impedirán expropiaciones, cierres arbitrarios o restricciones administrativas.
Durante años, numerosos trabajadores por cuenta propia han denunciado impuestos elevados, prohibiciones, inspecciones y cambios regulatorios que dificultan el funcionamiento de sus actividades.
El sector inmobiliario también podría abrirse al capital particular
Otra iniciativa autorizaría el desarrollo inmobiliario privado, un sector sometido a fuertes controles desde los primeros años del régimen castrista. La reforma podría permitir proyectos financiados con capital no estatal y nuevas operaciones vinculadas con viviendas y terrenos.
El Gobierno atribuye la crisis a las sanciones estadounidenses, pero evita reconocer el impacto de la centralización, la baja productividad, el control sobre la iniciativa individual y décadas de decisiones económicas fallidas.
La apertura anunciada podría representar una privatización parcial de la economía. No obstante, mientras el Partido Comunista conserve el control político, judicial y administrativo, persistirá la duda sobre si se trata de una reforma destinada a beneficiar a la población o de un intento por obtener capital sin renunciar al poder.
