El 25 de noviembre de 2025, una corte federal en California aprobó la certificación de una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por mantener detenidos, sin derecho a fianza, a inmigrantes que legalmente no deberían ser sometidos a detención obligatoria.
La decisión de la jueza Sunshine S. Sykes del Distrito Central de California marca un precedente clave en las prácticas migratorias de la administración estadounidense. En el contexto legal estadounidense, la certificación de una demanda colectiva se refiere al proceso en el cual un tribunal aprueba formalmente que un caso presentado por una o más personas (los demandantes) puede ser tratado como una demanda colectiva.
El tribunal decide que el caso tiene características comunes que afectan a un grupo amplio de personas (la clase) de manera similar, por lo que puede ser representado por los demandantes iniciales en nombre de todos los afectados.
El caso fue presentado por varios inmigrantes detenidos, encabezados por Lázaro Maldonado Bautista, quienes alegan que ICE ha implementado una política que clasifica a los inmigrantes como sujetos a “detención obligatoria”, a pesar de que no cumplen con los requisitos legales para ello.
La demanda detalla cómo el gobierno ha estado negando audiencias de fianza y manteniendo detenciones prolongadas sin revisión judicial, lo que, según los demandantes, viola el derecho constitucional al debido proceso.
La jueza Sykes determinó que los demandantes presentaron un daño común que justifica la demanda colectiva. Según la magistrada, la política migratoria del gobierno no se ajusta a la ley y priva a los inmigrantes detenidos de un derecho constitucional: la posibilidad de una audiencia de fianza. Además, la corte resaltó que la política administrativa de ICE no puede anular este derecho fundamental.
¿A quiénes afecta la decisión?
La demanda, ahora certificada como acción colectiva, afecta a miles de inmigrantes en detención. Esto incluye a aquellos sin estatus legal en los EEUU, los que entraron sin inspección, y aquellos que no fueron arrestados de manera inmediata después de su llegada. En particular, la decisión beneficiaría a los detenidos en operaciones como “Operation At Large” y a quienes no están sujetos a detención obligatoria por crímenes o procesos de expulsión acelerada.
Aunque la certificación no implica la liberación inmediata de los detenidos, el gobierno está obligado a detener la aplicación de la política ilegal y permitir audiencias de fianza individuales.
Además, debe informar al tribunal sobre el cumplimiento de la orden para enero de 2026. Esta decisión podría reducir significativamente la capacidad del gobierno federal para continuar con la detención migratoria sin la supervisión de los tribunales.
La decisión de la corte representa una victoria significativa para las organizaciones de derechos civiles como la ACLU, el Northwest Immigrant Rights Project y la USC Gould Immigration Law Clinic que se unieron para presentar la querella contra ICE. Para estas entidades, el fallo es una gran victoria para la protección del debido proceso y un paso hacia una reforma en las políticas migratorias.
