Muchos inmigrantes con una orden final de deportación consideran que contraer matrimonio con un ciudadano estadounidense puede convertirse en una vía para regularizar su situación migratoria. Sin embargo, un fallo emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en febrero de 2026 confirmó que un matrimonio posterior a una orden de expulsión no elimina automáticamente el proceso ni obliga a las autoridades a reabrir un caso cerrado.
La decisión corresponde al expediente de Amit Yadav, un inmigrante que ingresó legalmente a Estados Unidos, perdió su estatus migratorio y años después contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense. Aunque la petición familiar presentada por su esposa fue aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ese beneficio no fue suficiente para cambiar su situación ante la corte migratoria.
Yadav llegó a EEUU en 2008 con una visa válida, pero permaneció en el país después de que venciera su permiso. Tras enfrentar un proceso ante las autoridades migratorias, recibió una orden de remoción y la BIA confirmó la decisión en 2014.
Una I-130 aprobada no borra una orden de expulsión
Tres años después de la resolución de su caso, en 2017, Yadav se casó con una ciudadana estadounidense. En 2020, USCIS aprobó la petición familiar I-130 presentada por su esposa, un paso que normalmente permite avanzar hacia una residencia permanente cuando se cumplen todos los requisitos.
El inmigrante intentó utilizar esa nueva circunstancia para solicitar la reapertura del proceso anterior. No obstante, en la resolución Matter of Yadav, emitida el 5 de febrero de 2026, la BIA determinó que el matrimonio celebrado después de una orden de deportación no representa por sí solo una razón extraordinaria para revisar un expediente cerrado.
La aprobación de una I-130 únicamente reconoce la existencia de un vínculo familiar elegible para un beneficio migratorio. No equivale a una residencia permanente ni suspende una orden de deportación vigente.
Las normas de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR) también establecen que una solicitud para reabrir un caso no detiene automáticamente una expulsión. En algunos escenarios, el inmigrante debe solicitar una suspensión de deportación u otra protección específica.
Cubanos también enfrentan riesgos pese a vínculos familiares
La situación puede afectar a inmigrantes cubanos que viven en Estados Unidos. El medio Periódico Cubano reportó el caso de un ciudadano de la Isla con formulario I-220B que fue deportado pese a estar casado con una estadounidense embarazada, demostrando que el matrimonio no representa una protección automática frente a una orden de salida.
Cada expediente migratorio tiene condiciones particulares. Factores como la forma de entrada al país, la fecha de la orden, la asistencia a audiencias judiciales, antecedentes migratorios y el tiempo transcurrido pueden modificar las posibilidades legales.
En términos generales, una moción para reabrir un proceso debe presentarse dentro de los 90 días posteriores a una decisión administrativa definitiva, aunque existen excepciones. Cuando han pasado varios años, obtener una nueva revisión del caso puede ser más complicado.
Además, algunos inmigrantes con una I-130 aprobada no pueden ajustar su estatus dentro de EEUU si ingresaron sin inspección. Dependiendo del caso, pueden necesitar un trámite consular, un perdón migratorio u otra autorización antes de solicitar nuevamente la entrada al país.
Para los cubanos existen elementos adicionales relacionados con la Ley de Ajuste Cubano y los documentos migratorios recibidos durante el proceso de entrada. Una persona con I-220A no necesariamente enfrenta las mismas consecuencias que alguien con I-220B y una orden final de deportación.
El matrimonio con un ciudadano estadounidense puede representar una oportunidad migratoria, pero cuando existe una orden previa de expulsión, el proceso requiere revisar cuidadosamente el historial del inmigrante y las opciones legales disponibles antes de realizar nuevos trámites.
