El gobierno federal de EE. UU. quedaría excluido de las políticas que separen a padres e hijos en un plazo de ocho años, de acuerdo con un convenio judicial propuesto este lunes 16 de octubre, entre la administración de Joe Biden y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
El acuerdo también otorga un estatus legal temporal y ayuda de vivienda a corto plazo a las familias que sufrieron separaciones durante la era Trump.
Este arreglo surge como respuesta a la controversial política de “tolerancia cero” implementada por el expresidente Donald Trump, que resultó en la separación de miles de familias en la frontera con México. Según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, este es un esfuerzo para «asegurarnos de que la crueldad del pasado no se repita en el futuro».
La administración Trump tomó la medida de separar a los niños de sus tutores o padres mientras se les procesaba por cruzar ilegalmente. Estos niños, no aptos para permanecer bajo custodia penal, eran reubicados a menudo con familiares en EE. UU.
Debido a sistemas de seguimiento deficientes, muchos niños permanecieron separados por largos periodos. Finalmente, en 2018, Trump revocó esta táctica tras una orden judicial en San Diego que detuvo la práctica.
Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, destacó la importancia de prohibir cualquier intento de usar la separación familiar como elemento disuasorio contra la inmigración ilegal.
El acuerdo contempla la posibilidad de separación en situaciones limitadas, como en casos de abuso infantil o cuando el progenitor ha cometido un delito grave. Cabe destacar que, bajo la administración Trump, 3.881 niños fueron separados entre 2017 y 2021. Un 74% ya ha sido reunido con sus familias.
Diversas familias demandaron al gobierno federal, exigiendo daños monetarios y cambios de política. Aunque se consideró un posible pago sustancial a las familias afectadas en 2021, las conversaciones no avanzaron.
Sin embargo, este acuerdo propuesto presenta beneficios clave. Se otorgaría un permiso humanitario de tres años a los padres para trabajar en EE. UU. y recibirían ayuda para vivienda y tratamientos médicos. Además, tendrían acceso a servicios legales vitales y podrán solicitar asilo sin restricciones de tiempo.
La administración Biden ya había ofrecido ciertos beneficios a estas familias, pero este acuerdo propuesto se expande en áreas clave como el asilo. Para prevenir futuros desafíos logísticos, el acuerdo exige una documentación detallada en casos de separación.
Con el acuerdo ya sobre la mesa, ahora se espera una audiencia judicial para su aprobación, permitiendo objeciones previas al fallo.
