Un grupo de 25 gobernadores republicanos, encabezado por la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, exigió en una carta dirigida al presidente Joe Biden y su administración que proporcionen detalles claros sobre la ubicación y el estatus legal de los beneficiarios del programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV).
En una carta enviada a la Casa Blanca, los gobernadores manifestaron su preocupación por la falta de coordinación y transparencia del programa gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La misiva, fechada el 8 de octubre de 2024, destaca que el programa, implementado en enero de 2023, ha sido mal administrado y ha generado incertidumbre tanto en las comunidades receptoras como entre los propios solicitantes de asilo. Los mandatarios advirtieron que la falta de información sobre los patrocinadores estadounidenses, quienes son responsables del apoyo financiero de los migrantes, está afectando gravemente a sus estados.
Los gobernadores, entre los que se encuentran Ron DeSantis de Florida y Greg Abbott de Texas, señalaron que el DHS no ha proporcionado datos suficientes sobre los migrantes, lo que ha forzado a las autoridades locales a gestionar la llegada de personas sin los recursos necesarios ni la información adecuada. Esto, a su vez, ha generado temores en las comunidades, afectando la capacidad de los servicios públicos y poniendo en riesgo la seguridad local.
Además, los gobernadores expresaron su preocupación por los informes recientes que revelan altos niveles de fraude en el programa de parole. La falta de comunicación entre el gobierno federal y las autoridades estatales ha causado tensiones en los estados afectados. Los gobernadores exigen que la administración Biden mejore la gestión del programa.
Los mandatarios estatales también señalaron que la ausencia de datos sobre la ubicación de los migrantes beneficiarios del parole ha creado confusión, lo que podría complicar la respuesta de los servicios estatales ante situaciones de emergencia o necesidad.
Por el momento, nada obligaría a los beneficiarios del parole humanitario compartir su ubicación en Estados Unidos y el estatus legal que han logrado adquirir. En el caso de los cubanos, al pasar un año y un día de haber entrado por parole puede iniciar su trámite de residencia permanente amparada en la Ley de Ajuste Cubano.
Más de 530 mil personas han entrado a EEUU por parole humanitario
Hasta finales de agosto de 2024, más de 530.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parole. Sin embargo, el gobierno estadounidense anunció que los beneficiarios deberán regularizar su estatus migratorio, ya que el permiso no será renovado tras los dos años de vigencia. El programa, suspendido temporalmente en agosto debido a un informe sobre fraude, fue reactivado con controles más estrictos.
Entre las nuevas medidas se incluyen una revisión más rigurosa de los antecedentes penales y financieros de los patrocinadores, así como la verificación de huellas dactilares en oficinas de USCIS. También se realizarán análisis exhaustivos de los beneficiarios para reducir el fraude y el abuso del programa. El programa no se renovará pasados los dos años de vigencia de la visa humanitaria, por lo tanto, los beneficiarios tendrán que abandonar el país si no cambian su status migratorio.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta esa fecha, más de 111.000 cubanos, 214.000 haitianos, 96.000 nicaragüenses y 121.000 venezolanos fueron aprobados para viajar. De estos, la mayoría ya ha ingresado al país. Además, el gobierno asegura que los cruces fronterizos de nacionales de estos cuatro países han disminuido en un 99% desde la implementación del parole, considerándolo un éxito en la reducción de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos.
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