La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva migratoria con una estrategia que combina el incremento de procesos de remoción y una política interna que permite cerrar expedientes judiciales sin previo aviso, facilitando arrestos inmediatos por parte de ICE.
Desde febrero de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha emitido más de 26,700 Notificaciones de Comparecencia (NTA) contra personas sin estatus legal en el país. La medida responde a la Proclamación Presidencial para Proteger al Pueblo Estadounidense contra la Invasión, firmada por Trump.
“Con el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, hemos retomado políticas migratorias de sentido común», afirmó Matthew Tragesser, portavoz de USCIS. “Nuestro objetivo es restaurar la integridad del sistema migratorio y proteger la seguridad nacional”.
Cierre exprés de casos y detención inmediata
Un memorando interno del Departamento de Justicia, fechado el 30 de mayo y filtrado por NBC News, revela que jueces de inmigración han recibido instrucciones para cerrar casos a solicitud oral de los abogados del DHS sin respetar el plazo tradicional de 10 días que permitía a los inmigrantes responder.
“Las decisiones orales deben completarse en la misma audiencia en la que se presentan los argumentos”, dice el documento, que también aclara que no se requiere documentación adicional para cerrar los casos.
Esta política permite a ICE proceder con la detención inmediata de quienes ven sus casos cerrados, incluso sin antecedentes penales ni alertas de seguridad.
Legal, pero polémico
Aunque la medida tiene sustento técnico bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, abogados y jueces de inmigración advierten que se está aplicando de forma arbitraria, omitiendo requisitos legales como el análisis individual de cada caso.
“Es una burla al debido proceso”, aseguró un miembro del sindicato de jueces, que habló bajo condición de anonimato.
Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, señaló que la guía “contradice la ley” al eliminar la necesidad de justificar la decisión con base en las circunstancias del solicitante.
ICE al límite: más detenciones que camas disponibles
La estrategia está generando un aumento de detenciones que ya supera la capacidad legal de ICE. Hasta el 23 de mayo, más de 51,000 personas estaban bajo custodia, cuando el presupuesto solo permite albergar a 41,500.
Jason Houser, exjefe de gabinete de ICE bajo la administración Biden, advirtió que esta política desvía recursos y afecta a migrantes sin historial criminal:
“Están persiguiendo a personas ya examinadas, que trabajan, tienen familia y estaban cumpliendo el proceso legal. Esto no mejora la seguridad nacional, solo colapsa el sistema”.
El asilo, en la mira: 500 NTAs por semana
Según USCIS, actualmente se emiten cada semana unas 500 NTAs relacionadas con solicitudes de asilo, 100 en casos de Estatus de Protección Temporal (TPS), y se ha registrado un alarmante aumento del 2,811% en NTAs por fraude migratorio en comparación con el gobierno anterior.
Los beneficiarios de TPS cuyo país pierda esa designación deberán abandonar el país voluntariamente y reportarlo mediante la app CBP One, advirtió USCIS.
Cubanos entre los más afectados
La activista cubana Salomé García Bacallao denunció en redes sociales que ha acompañado a múltiples migrantes que fueron detenidos tras acudir a sus chequeos rutinarios, sin haber sido notificados previamente del cierre de sus casos:
“Eso no admite apelación”, afirmó. “Se está condenando a la deportación inmediata a personas que no tuvieron la oportunidad de presentar su caso ante un juez”.
García Bacallao calificó la política como un reflejo de las cuotas arbitrarias impuestas públicamente por Stephen Miller, exasesor de Trump, que aspira a lograr 3.000 deportaciones diarias.
“Cuando se fijan cuotas arbitrarias para aplicar las leyes, se puede esperar un trato arbitrario a seres humanos. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo”, alertó.
En su mensaje, también hizo un llamado a los ciudadanos naturalizados a defender activamente el debido proceso y los derechos humanos, recordando que muchos de los beneficios migratorios no fueron dádivas, sino el fruto de luchas lideradas por figuras como Mas Canosa y Lincoln Díaz-Balart.
