Una audiencia federal que analiza la situación migratoria de cientos de cubanos con formulario I-220A fue trasladada para el próximo 2 de septiembre en Miami, luego de que la jueza Jacqueline Becerra modificara el calendario del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
El proceso busca definir el futuro de una demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por cubanos que reclaman que ese documento sea reconocido como parole para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
La vista corresponde al caso conocido como Bello-Rubio contra el DHS, una acción impulsada por 992 ciudadanos cubanos que ingresaron a Estados Unidos por la frontera con México y recibieron un I-220A tras su llegada. Los demandantes sostienen que fueron liberados bajo una categoría migratoria que les impide acceder a la residencia permanente mediante la legislación especial para cubanos.
La corte de Miami revisará los argumentos del Gobierno y los abogados cubanos
Durante la audiencia del 2 de septiembre, la magistrada deberá escuchar las posiciones de ambas partes sobre varias mociones pendientes dentro de los procesos relacionados con los I-220A.
El Gobierno federal solicitó que las demandas sean desestimadas y argumenta que los tribunales no tienen facultades para ordenar el cambio migratorio solicitado por los demandantes. La defensa de los cubanos, por su parte, intenta mantener abierto el proceso y conseguir que el caso Bello-Rubio avance como una demanda colectiva o “class action”.
Los abogados consideran que, si la petición es aceptada, una eventual decisión favorable podría extender sus efectos a otros cubanos que recibieron documentos similares al ingresar al país.
Sin embargo, la nueva fecha judicial no significa que los afectados obtendrán parole de forma automática ni que podrán iniciar de inmediato un trámite de residencia. La jueza podría emitir una resolución, solicitar más argumentos o permitir que la disputa continúe.
El conflicto por los I-220A mantiene en incertidumbre a miles de cubanos
El formulario I-220A permite que una persona permanezca en libertad mientras enfrenta un proceso migratorio, pero las autoridades migratorias no lo consideran equivalente al parole requerido para solicitar beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano.
USCIS establece que los cubanos deben haber sido admitidos legalmente o haber recibido parole, además de cumplir otros requisitos, para poder ajustar su estatus migratorio.
La controversia aumentó tras una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración emitida en 2023 en el caso Matter of Cabrera-Fernandez. Ese fallo determinó que la liberación mediante un I-220A no tiene el mismo efecto legal que el parole otorgado bajo la sección 212(d)(5) de la Ley de Inmigración.
Los representantes legales de los cubanos sostienen que el DHS aplicó una clasificación incorrecta al liberar a estos migrantes después de su entrada por la frontera. Según su argumento, las circunstancias de esos casos justificaban la entrega de parole.
El Gobierno mantiene una posición contraria y afirma que ningún tribunal puede convertir posteriormente un I-220A en un permiso de entrada bajo parole.
Abogados piden cautela ante las expectativas por la audiencia
Los representantes legales han llamado a evitar expectativas excesivas sobre el resultado de la vista. El abogado Willy Allen explicó a CaféFuerte que la audiencia representa una fase más dentro de un litigio que podría extenderse con nuevos recursos y apelaciones.
En el proceso participan Mark Prada como abogado principal, junto a Claudia Cañizares, del Canizares Law Group, y Maitte Barrientos, de Servicios Legales de Caridades Católicas.
La decisión que pueda surgir después del 2 de septiembre será determinante para conocer si la demanda avanza como acción colectiva o enfrenta nuevos obstáculos judiciales. Mientras tanto, miles de cubanos con I-220A continúan esperando una definición sobre su futuro migratorio en Estados Unidos.
