La abogada de inmigración Claudia Cañizares y el abogado Mark Prada han anunciado la preparación de una demanda federal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para obligar al gobierno a reactivar los casos pendientes de miles de cubanos que buscan obtener la residencia permanente en el país.
La demanda, motivada por la frustración de los solicitantes, se centra en aquellos que cumplen con todos los requisitos para obtener la residencia, pero que aún se encuentran atrapados en un proceso de espera indefinido debido a la paralización de los trámites migratorios, lo cual ha causado un gran malestar entre la comunidad cubana.
¿A quién afecta esta situación?
La demanda se dirige a los cubanos que ingresaron a Estados Unidos a través de programas migratorios específicos, como el Programa de Reunificación Familiar, el Parole Humanitario, el sistema CBP One y la Ley de Ajuste Cubano.
La acción legal busca que el USCIS acelere los casos de estos migrantes, quienes, además de no recibir respuesta a sus solicitudes, han visto cómo se les niegan permisos de trabajo, lo que ha tenido un impacto negativo en la estabilidad económica de sus familias.
Según los abogados, más de 100.000 cubanos se encuentran esperando una resolución para regularizar su estatus migratorio, lo que ha dejado a muchos en una incertidumbre económica y personal.
El gobierno federal de Estados Unidos, a través del USCIS, ha mantenido una pausa indefinida en los trámites de residencia, lo que ha generado frustración entre los migrantes cubanos.
Esta pausa, que puede renovarse en cualquier momento, ha dejado a miles de solicitantes sin saber cuándo podrán obtener su Green card.
Los abogados Cañizares y Prada afirman que esta situación ha tenido graves consecuencias, ya que la falta de permisos de trabajo ha afectado el sustento de las familias, las cuales han visto mermados sus ingresos durante el proceso de espera.
Los especialistas han asegurado que esta demanda será una acción grupal, lo que podría facilitar un acuerdo con el gobierno para acelerar la resolución de los casos.
Además, han destacado que los participantes no deben temer represalias por parte de las autoridades migratorias, ya que se solicitan protecciones legales para evitar que los solicitantes sufran consecuencias negativas durante el proceso.
Para sumarse a la demanda, los interesados deberán cubrir un costo inicial de 4.000 dólares por persona. Sin embargo, se ofrecen tarifas especiales para familias numerosas y madres solteras, así como opciones de financiamiento a través de trámites con compañías de crédito.
Si se llega a un acuerdo con el gobierno, algunos casos podrían resolverse en un plazo de uno a tres meses, lo que permitiría a los solicitantes obtener su residencia permanente de manera más rápida.
La demanda busca convertirse en una vía legal para presionar al gobierno a resolver los casos pendientes y darles a los cubanos afectados una respuesta que les permita completar su proceso de regularización en Estados Unidos.
