La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes 23 de julio a los agentes fronterizos a clasificar como solicitantes de admisión a determinados residentes permanentes cuando regresen al país, aunque no exista una condena penal en ese momento.
La decisión, aprobada por seis votos contra tres, elimina la obligación de presentar pruebas “claras y convincentes” en la frontera cuando se sospeche que el viajero cometió un delito que implique depravación moral.
El pronunciamiento permite que el funcionario coloque al titular de la green card bajo “parole” migratorio. La persona puede entrar físicamente a EEUU, pero queda sin una admisión formal mientras las autoridades revisan su situación.
Residentes podrían enfrentar procesos de inadmisibilidad
Esta clasificación abre la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional inicie un procedimiento por inadmisibilidad. En esos casos, el inmigrante enfrenta condiciones menos favorables que las aplicables a un residente admitido sometido a un proceso de deportación.
La mayoría de la Corte sostuvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece dos etapas diferentes. En la primera basta con determinar que el residente cometió una infracción incluida entre las excepciones legales. Para declararlo inadmisible durante una audiencia posterior sí debe existir una condena o una admisión de responsabilidad.
El fallo no concede poder ilimitado para impedir el regreso de cualquier titular de residencia. La medida se aplica cuando el Gobierno invoca alguna de las excepciones previstas en la legislación migratoria, entre ellas la comisión de ciertos delitos.
El caso de Muk Choi Lau llegó a la Corte Suprema
La disputa comenzó con Muk Choi Lau, ciudadano chino y residente permanente desde 2007. Las autoridades de Nueva Jersey lo acusaron en 2012 de falsificar marcas comerciales. Antes del juicio, viajó a China y posteriormente intentó regresar por el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.
Un agente permitió su entrada mediante “parole”, pero no lo reconoció formalmente como admitido. Lau se declaró culpable en 2013 y recibió libertad condicional. El Gobierno inició después un proceso para expulsarlo.
Una corte de apelaciones anuló la orden al considerar que la acusación pendiente no aportaba pruebas suficientes cuando Lau regresó. La Corte Suprema revocó esa conclusión y devolvió el expediente para determinar si el delito cometido puede catalogarse como uno de depravación moral.
La magistrada Ketanji Brown Jackson, respaldada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan, advirtió en su disenso que esta interpretación podría mantener a residentes legales durante meses o años en un limbo migratorio.
USCIS restringe el ajuste de estatus dentro de EEUU
El fallo coincide con otra política que dificulta la obtención de la residencia permanente. USCIS ordenó considerar el ajuste de estatus dentro de EEUU como un beneficio extraordinario y sujeto a evaluación individual.
La instrucción podría obligar a numerosos solicitantes con visas temporales a completar el trámite mediante una entrevista consular fuera del país.
Las autoridades señalaron que quienes aporten beneficios económicos o respondan al interés nacional podrían recibir excepciones. Sin embargo, todavía no se han divulgado parámetros precisos, lo que mantiene la incertidumbre entre familias, trabajadores y beneficiarios de permisos migratorios.
