La administración de Donald Trump está negociando con la menos 58 países para que acepten recibir a ciudadanos con antecedentes criminales que se encuentra en una situación migratoria irregular en Estados Unidos y cuyas naciones de origen no los quieren admitir de regreso.
De acuerdo con un reporte del diario The New York Times, el gran esfuerzo de la diplomacia estadounidense para buscar acuerdos también incluye pagos para incentivar a las naciones receptoras.
Por ejemplo, el gobierno de EEUU pagó a Rwanda 100.000 dólares para que aceptara a un deportado iraquí. En el caso de El Salvador, se otorgaron aproximadamente cinco millones después de que el país aceptara a más de 200 inmigrantes venezolanos, que fueron acusados de ser miembros de pandillas.
NEW: The Trump administration is asking at least 58 nations — including ones at war or that torture prisoners — to accept deportees who aren’t their citizens, according to US documents obtained by @nytimes. Gift link to our definitive story on the deals: https://t.co/jmgrfKVqpU
— Edward Wong (@ewong) June 25, 2025
A nivel internacional, la administración Trump ha llevado a cabo conversaciones con 29 países en Europa, América Latina, África y Asia, para lograr acuerdos de deportación a cambio de relaciones diplomáticas favorables.
Entre los países contactados se encuentran Angola, Mongolia, Ucrania y Kosovo, con algunos de ellos, como Kosovo, que han accedido a aceptar hasta 50 deportados. Costa Rica también ha sido solicitada para retener temporalmente a decenas de deportados. Sin embargo, países como Perú se han mostrado más reacios, rechazando solicitudes a pesar de la presión diplomática.
| Países que Aceptaron Deportados |
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| Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Kosovo, México, Panamá, Rwanda |
| Países en Conversaciones |
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| Angola, Antigua and Barbuda, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Democratic Republic of The Congo, Djibouti, Dominica, Egypt, Equatorial Guinea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Honduras, Ivory Coast, Kyrgyzstan, Liberia, Libya, Malawi, Mauritania, Moldova, Mongolia, Morocco, Niger, Nigeria, Peru, São Tomé and Príncipe, Senegal, South Sudan, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Syria, Tajikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe |
En total, 58 países fueron considerados en el programa de deportación, aunque no todos han aceptado. Siete países, incluyendo Costa Rica, México y Panamá, ya han accedido a recibir deportados, mientras que las negociaciones con otras naciones siguen en curso.
La política de enviar deportados a países que no son su lugar de origen ha generado gran controversia, sobre todo cuando algunos de estos países tienen registros cuestionables en derechos humanos o enfrentan conflictos internos.
Por ejemplo, Libia y Sudán del Sur fueron considerados como destinos de deportación, pero un tribunal estadounidense bloqueó estos planes. A pesar de las objeciones legales, la Corte Suprema de EEUU dictaminó que la administración tiene el derecho de deportar a individuos a países fuera de su país natal, lo que abre la puerta a futuros vuelos de deportación hacia lugares como Sudán del Sur.
Dos cubanos deportados a África
Hasta Sudán del Sur llegaron dos cubanos que el régimen castrista no los quiso admitir. Según un comunicado oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), los ciudadanos Enrique Arias-Hierro y José Manuel Rodríguez-Quiñones, quienes fueron arrestados por ICE el 2 y 30 de abril respectivamente.
Arias-Hierro, de 46 años, posee antecedentes por homicidio, robo a mano armada, falsificación de identidad oficial, secuestro y robo con violencia. Por su parte, Rodríguez-Quiñones fue condenado por tentativa de asesinato en primer grado con arma, agresión, hurto, posesión canina ilegal y tráfico de personas.
Críticas a las deportaciones obligatorias hacia terceros países
A de los esfuerzos de la administración republicana por “hacer seguro a EEUU de nuevo” los críticos sostienen que la política de deportación pone en riesgo a las personas, especialmente cuando se les envía a países donde no tienen lazos familiares, no hablan el idioma y podrían enfrentar violaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado de EEUU ha sido criticado por su falta de transparencia, ya que muchos de los países involucrados en estos acuerdos no responden a las consultas de los medios.
Los defensores de los derechos humanos argumentan que enviar personas a países en crisis o donde enfrentan persecución podría violar el derecho internacional. Diplomáticos y expertos han señalado que esta política parece una forma de crear un efecto disuasorio sobre los inmigrantes indocumentados, enviándolos a destinos peligrosos y desconocidos.
