El gobierno de Donald Trump está intensificando sus esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense de personas nacidas en el extranjero, en un intento por reducir la inmigración, según revela un reporte de NBC News. Esta iniciativa busca desnaturalizar a ciudadanos naturalizados que hayan ocultado antecedentes penales o violaciones de derechos humanos durante su proceso de solicitud.
En los últimos meses, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha comenzado a enviar expertos a sus oficinas a nivel nacional para revisar los casos de ciudadanos naturalizados.
El objetivo es proporcionar entre 100 y 200 posibles casos de desnaturalización al mes a la oficina de litigios de inmigración. Este enfoque se concentra principalmente en aquellos que han cometido fraude o han ocultado información relevante en su proceso de solicitud de ciudadanía.
A diferencia de la gestión anterior, en la que la atención estaba centrada en un almacén en Pasadena, California, la nueva estrategia busca distribuir los esfuerzos en más de 80 oficinas locales a nivel nacional.
¿Qué significa para los ciudadanos naturalizados?
Según las fuentes, el proceso de desnaturalización está diseñado para identificar a aquellos que han adquirido la ciudadanía a través de fraude, violaciones a los derechos humanos, o crímenes de guerra.
El Departamento de Justicia ha instruido a los abogados a enfocarse en casos que involucren riesgos a la seguridad nacional o violaciones graves de la ley, tales como fraudes al Medicaid o Medicare. Sin embargo, el proceso es largo y requiere pruebas claras, por lo que los casos no se resuelven rápidamente y pueden extenderse a lo largo de varios años.
Trump también ha expresado su interés en eliminar la «ciudadanía por nacimiento», que otorga automáticamente la ciudadanía a los hijos de extranjeros nacidos en Estados Unidos. Aunque la Constitución ampara este derecho, la Administración Trump ha impulsado una campaña para cambiar esta interpretación, y la Corte Suprema está evaluando este argumento.
Aunque el proceso de desnaturalización se aplica en casos excepcionales, su amenaza ha generado un miedo generalizado entre la población. Algunos ciudadanos naturalizados temen que puedan ser blanco de investigaciones o persecución por cuestiones legales o políticas, incluso si sus acciones son completamente legales bajo la Constitución.
Abogados y expertos en inmigración han señalado que el proceso tiene efectos devastadores tanto económicos como emocionales, ya que las personas acusadas de fraude se ven obligadas a contratar abogados y presentar documentación adicional.
La nueva política también ha sido criticada por algunos legisladores y activistas de derechos humanos. Consideran que la amenaza constante de desnaturalización tiene un impacto negativo, especialmente en aquellos que simplemente participan activamente en la sociedad, como los inmigrantes que contribuyen a la economía o se involucran en la vida cívica.
A pesar de las preocupaciones, la administración de Trump sigue defendiendo la política como un esfuerzo necesario para proteger la integridad del sistema de inmigración y evitar que se otorgue la ciudadanía a quienes no cumplen con los requisitos establecidos por la ley.
