La administración del presidente Donald Trump planea intensificar de manera significativa los esfuerzos para retirar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas que la hayan obtenido de forma fraudulenta, según directrices internas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) obtenidas por The New York Times.
El documento, distribuido esta semana a oficinas de campo de USCIS, instruye a la agencia a remitir entre 100 y 200 casos de desnaturalización al mes al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026. De prosperar, la medida representaría la mayor expansión de este tipo de procesos en la era moderna, de acuerdo con expertos en inmigración.
Para ponerlo en perspectiva, entre 2017 y lo que va de 2025, el Departamento de Justicia había presentado poco más de 120 casos de desnaturalización en total.
¿A quiénes apunta la medida?
Bajo la ley federal, una persona solo puede perder la ciudadanía si mintió u ocultó información material durante el proceso de naturalización, o en circunstancias muy específicas previstas por la ley.
Un portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser, confirmó que la agencia dará prioridad a los casos de fraude:
“No es ningún secreto que la lucha de USCIS contra el fraude incluye priorizar a quienes obtuvieron ilegalmente la ciudadanía estadounidense, especialmente bajo la administración anterior”, afirmó. “Perseguiremos procesos de desnaturalización contra personas que mintieron o se representaron falsamente durante su naturalización”.
El Departamento de Justicia, por su parte, ya había anunciado en junio que haría de la desnaturalización una prioridad, enfocándose en individuos vinculados a pandillas, carteles de drogas, delitos financieros y crímenes violentos, siempre que la ley y la evidencia lo permitan.
Preocupación entre exfuncionarios y expertos
La directriz ha generado inquietud entre antiguos funcionarios de inmigración y defensores de derechos civiles, quienes temen que la imposición de metas numéricas mensuales politice un mecanismo legal históricamente poco frecuente.
“Imponer objetivos arbitrarios corre el riesgo de convertir una herramienta seria y excepcional en un instrumento burdo”, advirtió Sarah Pierce, exfuncionaria de USCIS. “Esto puede generar miedo e incertidumbre innecesarios entre millones de estadounidenses naturalizados”.
Según datos del Censo, unos 26 millones de ciudadanos estadounidenses son naturalizados, y más de 800.000 personas obtuvieron la ciudadanía solo el año pasado. La mayoría nació en México, India, Filipinas, República Dominicana o Vietnam.
Una herramienta legal difícil de aplicar
La desnaturalización requiere un proceso judicial federal, ya sea civil o penal, y el Gobierno debe presentar pruebas inequívocas de fraude o falsedad material. Por esta razón, estos casos han sido poco comunes desde la década de 1990.
Un análisis de Bloomberg Law indica que el pico reciente ocurrió en 2018, durante el primer mandato de Trump, cuando se presentaron 90 casos en un solo año.
En 2017, además, la Corte Suprema estableció que no basta con demostrar que una persona mintió en su solicitud, sino que esa mentira debió influir directamente en la obtención de la ciudadanía.
Posturas a favor y en contra
Defensores de políticas migratorias más estrictas sostienen que el país no ha hecho lo suficiente para corregir errores del pasado.
“Estamos muy lejos de desnaturalizar a demasiadas personas”, afirmó Mark Krikorian, director del Center for Immigration Studies, un centro que promueve controles migratorios más severos.
Otros, sin embargo, advierten que la política podría tener un efecto paralizante.
“Cuando se fijan cuotas, existe el riesgo de que personas que no deberían verse afectadas terminen siéndolo”, señaló Margy O’Herron, del Brennan Center. “Eso podría generar temor entre ciudadanos que han cumplido la ley”.
Antecedentes
Durante su primer mandato, Trump impulsó varios procesos de desnaturalización, entre ellos el caso de Baljinder Singh, un hombre nacido en India que perdió la ciudadanía tras comprobarse que había ingresado al país sin documentos y bajo una identidad falsa.
Este año, el Departamento de Justicia ha iniciado 13 casos, de los cuales ocho ya han tenido fallos favorables al Gobierno.
Una política en expansión
La nueva directriz forma parte de un plan más amplio de la administración Trump para cerrar “lagunas” del sistema migratorio, que incluye restricciones al asilo, pausas en ciertos procesos migratorios y prohibiciones de entrada a ciudadanos de países mayoritariamente africanos y de Medio Oriente.
Funcionarios defienden estas medidas como necesarias para reforzar la seguridad nacional y preservar la integridad del sistema migratorio, mientras que críticos advierten que podrían erosionar la confianza de millones de estadounidenses naturalizados.
Por ahora, aunque la intención del Gobierno es clara, expertos coinciden en que los tribunales seguirán siendo el principal filtro, lo que podría limitar el alcance real de una política que promete reconfigurar el debate migratorio en Estados Unidos
